Propuesta Articulada en Materia de Seguridad y Justicia

Es urgente reposicionar el sistema de justicia penal como una prioridad en la agenda pública, pues hoy en día se encuentra relegado. Dentro del plan del gobierno federal entrante, uno de los ejes estratégicos es la instauración de un proceso de pacificación que incluye, entre otros, una consulta nacional, a través de foros realizados primero con las víctimas de delitos y sus familiares y después con la ciudadanía en general, para la expedición de una Ley de Amnistía, así como la creación de comisiones de la verdad, integradas por miembros de la sociedad civil, sacerdotes y expertos de organizaciones internacionales, para la investigación de hechos relacionados con delitos de lesa humanidad.

No obstante, todo proceso de pacificación en una sociedad como la nuestra, tiene que pasar necesariamente por la imposición de normas jurídicas, por lo que éste no será posible, si nuestro país no cuenta con un sistema de justicia cotidiana eficiente que atienda los derechos de las víctimas y que genere los mecanismos necesarios para abatir la impunidad y para llegar a la verdad, de forma que dé sustento y coadyuve al buen funcionamiento de los mecanismos extraordinarios de justicia
transicional planteados por la nueva administración.

Los procesos penales en donde existe una sentencia que repara a la víctima (al menos en la medida de lo posible) por el daño que sufrió, son condiciones de pacificación y en tanto no sean resueltos los temas de acceso a la justicia, no parece posible que haya paz social.