Justicia

Rumbo a las Elecciones: Visiones contrastantes para un México más seguro y justo

La inseguridad y violencia representan los mayores motivos de preocupación de los mexicanos, con 61% de la población considerando inseguro vivir en su ciudad, con un 17 de abril que registró 101 homicidios. Por lo tanto, los temas de justicia y seguridad son centrales en las campañas de los candidatos a la presidencia. Los ciudadanos exigen soluciones concretas y acciones decisivas y cómo se podría esperar, los tres prometen un México más seguro, más justo y que garantice los derechos humanos de todos sus habitantes. Sin embargo, los enfoques de cada uno para alcanzar estos ideales son bastante distintos.

México: el proyecto de nación

Claudia Sheinbaum habla de una “república segura y con justicia”. Parte central de su proyecto es la Guardia Nacional, a la cual planea ampliar sus capacidades y facultades para que pueda actuar como primeros respondientes y colaborar estrechamente con las fiscalías en la lucha contra la impunidad. Asimismo, busca impulsar la reforma judicial presentada por el actual presidente, que implica someter a elección popular los cargos de ministros, magistrados y jueces. Esta propuesta es apoyada también por Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte (SCJN), quien el año pasado renunció a su cargo para poder unirse al equipo de campaña de Sheinbaum.

En suma, un aspecto crucial de esta reforma serían los cambios al Poder Judicial de la Federación, que implicarían la reestructura y división del Consejo de la Judicatura Federal en un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, ambos completamente independientes de la Suprema Corte. Esta reorganización impulsada por AMLO, implica transferir varias facultades actualmente en manos de la SCJN a estas dos nuevas instituciones.

México sin miedo

En contraste, Xóchitl Gálvez presenta como su principal propuesta retirar a las fuerzas armadas de las funciones de carácter civil y redirigirlas en la lucha contra el crimen organizado, ya que las considera cruciales para garantizar la seguridad en el país. En consonancia con esta estrategia, uno de sus objetivos es la construcción de una prisión de máxima seguridad y tecnología avanzada para enfrentar el crimen organizado.

En términos institucionales, Gálvez propone la creación de un Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo Federal para combatir los principales obstáculos de los procesos judiciales. Durante su sexenio, se reformularían los acuerdos de prisión preventiva con base en estándares internacionales, para evitar su uso como herramienta de persecución. Además, se garantizaría que todo el personal del Poder Judicial y de las Fiscalías esté debidamente capacitado y orientado hacia la atención integral de las víctimas.

México con justicia

Jorge Máynez propone detener la militarización del país y evitar la participación de las fuerzas armadas en las tareas de la administración pública. En materia de seguridad, otra de sus propuestas es garantizar la autonomía del Poder Judicial y reformar a las fiscalías, para reclutar personal basado en su trayectoria y méritos profesionales.

Máynez promete un enfoque a la reinserción social a través de un sistema nacional que pueda ofrecer acompañamiento a personas en proceso de reintagración como a aquellas personas que busquen salir del crimen organizado. Afirma que su enfoque en la seguridad ciudadana estará fundamentado en los derechos humanos y adoptará una perspectiva de género.

Un rumbo incierto

No es casualidad que las mayores diferencias entre las propuestas estén relacionadas con la Guardia Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un contexto donde la militarización del país se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, una de las principales responsabilidades del próximo sexenio será cumplir con el mandato constitucional y regresar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al sector de seguridad pública. En este sentido, así como en aspectos como la anulación de la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA o la reforma electoral, la SCJN ha servido como contrapeso al gobierno actual.

En cuanto a la actual situación de la SCJN, se especula una posible “captura” de la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación por el partido gobernante. Este escenario depende de la posibilidad de que AMLO logre, antes de dejar el cargo, la designación de un cuarto ministro afín a su administración. Dado que la legitimidad de la SCJN no proviene de las urnas, un cambio tan drástico, especialmente con un Instituto Nacional Electoral debilitado, podría tener un impacto significativo en la opinión pública.

Independientemente de si el próximo sexenio traerá elecciones populares o la continuidad con nuevos nombramientos a la SCJN, el resultado de estas elecciones presidenciales dictará el futuro del sistema judicial y la dirección del país en cuanto a la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. En suma, las propuestas de justicia y seguridad de los tres candidatos se presentan en una campaña electoral que, con más de 170 ataques contra políticos, es ya la más violenta de la historia moderna de México.

Esta contienda electoral no sólo renueva la Presidencia, sino también el Senado, la Cámara de Diputados y las gubernaturas de nueve estados. Las cifras cambian a diario debido a las múltiples agresiones que se registran a diario contra candidatos y candidatas a lo largo del país, siendo el asesinato la más presente, seguida de amenazas y atentados. Esta situación destaca la necesidad urgente de abordar los desafíos de seguridad y justicia en México, así como de un compromiso firme con la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, resaltando la importancia de las elecciones para determinar el futuro del país en estos aspectos fundamentales.

Aunque cada candidato adopta enfoques distintos, todos convergen en la necesidad de fortalecer el sistema judicial y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la promesa de un México más seguro y justo depende en gran medida de la capacidad del próximo gobierno de implementar políticas efectivas que garanticen la seguridad ciudadana. Esto implica fortalecer la independencia judicial, reformar las instituciones de seguridad y adoptar enfoques innovadores para combatir el crimen organizado. No obstante, persisten desafíos significativos, como la militarización del país y la posible politización de la SCJN, aspectos críticos que requieren atención urgente para asegurar un sistema judicial transparente y eficaz. Por lo tanto, estas próximas elecciones sin duda definirán el rumbo de la justicia y la seguridad en México.