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Desaparición forzada en América Latina
América Latina engloba 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas producidas entre 1980 y 2020 de acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile entran junto con Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán entre los países con mayor cantidad de desapariciones forzadas en los últimos 40 años.
Como desaparición forzada la ONU se refiere al “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
En América Latina, la mayor parte de las desapariciones forzadas se dieron durante dictaduras militares, aunque en Perú y México los números fueron también relevantes en periodos democráticos. Amnistía Internacional estima que entre 1966 y 1986 sucedieron en México, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia y Haití más de 90,000 desapariciones forzadas.
Las desapariciones forzadas durante el siglo XX en Latinoamérica, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidían en varios puntos: eran realizadas por grupos militares o paramilitares, su práctica era centralizada y clandestina, e iba aparejada de una campaña psicológica de manipulación que buscaba la aceptación de los métodos para que los crímenes permanecieran en la impunidad.
A diferencia del siglo XX, hoy en día las desapariciones forzadas en la región suelen darse en situaciones complejas de conflicto interno como forma de represión política de oponentes. Es por ello que los defensores de Derechos Humanos son a menudo víctimas de ella.
Centroamérica
Los centroamericanos enfrentan dos problemas cuando se habla de desaparición forzada: la desaparición de migrantes por agentes migratorios, policías o militares dentro de México, y la desaparición dentro de sus propios países.
En Guatemala hay registrados 45,000 casos de desaparición forzada y 15,000 asesinatos políticamente motivados. Durante el gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia se organizó a la policía judicial como una policía política y se “legalizaron” las detenciones por sospecha; tras estas detenciones, las víctimas eran incomunicadas y sometidas a interrogatorios y torturas.
En El Salvador, las desapariciones forzadas fueron una forma de borrar crímenes, de acuerdo con una investigación realizada por la comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (CONABÚSQUEDA), con la ayuda de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Los crímenes, según dice la investigación, fueron perpetrados en su mayoría por los cuerpos de seguridad militar de la época. De acuerdo con datos oficiales, se llevaron a cabo por lo menos 8,000 desapariciones durante la guerra civil.
En la actualidad el problema en Centroamérica no ha desaparecido. Amnistía Internacional acusó el 25 de agosto de 2021 al estado nicaragüense de añadir la desaparición forzada a las “tácticas que las autoridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora”. En el informe analizan los casos de 10 personas que fueron detenidas y cuya ubicación fue después negada. Hasta la fecha continúan desaparecidos.
Consulta la declaración de la Fundación al respecto aquí, y el perfil de Félix Maradiaga, activista por los Derechos Humanos y uno de los detenidos aquí.
México
Entre las solicitudes de acción urgente presentadas ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), 49% provienen de Irak y 42% de México.
A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México no pasó en el siglo XX por una dictadura militar, aunque sí tuvo desapariciones y crímenes durante la llamada “Guerra sucia” que permanecen en la impunidad.
Las desapariciones dentro del país, más de 85,000 de acuerdo con cifras oficiales, suelen ser adjudicadas al crimen organizado, por lo que es muy difícil determinar en qué momento se trata de desaparición forzada.
En 2015, meses después de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue reemplazada en 2018 con la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. A pesar de este progreso, el Comité contra la desaparición forzadas de las Naciones Unidas señala serias deficiencias en las investigaciones, como lo son: la fragmentación de las investigaciones, la ausencia generalizada de una estrategia integral, el seguimiento de hipótesis de investigación sin fundamento basadas en prejuicios, el descarte de casos de desaparición forzada de carácter temporal y la falta de garantías que excluyan la tortura y malos tratos de sospechosos en la obtención de medios de prueba.
Uno de los casos que atrajo más atención internacional fue el de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. En noviembre de 2020 la Fiscalía General de la República reclasificó el crimen de secuestro a desaparición forzada, lo cual abrió la puerta para juzgar a policías y militares involucrados. A la fecha, ocho testigos o actores clave del caso han sido asesinados.
Sudamérica
Colombia posee el mayor número de desapariciones forzadas debido al conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las cifras oficiales señalan que hubo 47,259 víctimas de desaparición directa y más de 120,000 indirectas. De acuerdo con el informe Hasta encontrarlos: víctimas de la desaparición forzada en Colombia, 6 de cada 10 desaparecidos durante el conflicto armado lo hicieron entre 1996 y 2005 y 2 entre 2006 y 2015.
El 51.4% de los casos de desaparición forzada en Colombia tuvieron un perpetrador anónimo. Entre el restante 49.6%, el mayor número de perpetradores provenían de grupos paramilitares (46.1%).
En Argentina, durante el llamado “Proceso de reorganización nacional” entre 1976 y 1983 desaparecieron miles de personas. Hay una polémica respecto a las cifras puesto que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas señala que hubieron 9,000 desaparecidos, mientras que algunas organizaciones civiles y actores políticos la elevan a 30,000.
Desprendido de estas desapariciones surgió en 1977 el grupo conocido como las “Madres de la plaza de mayo” que buscaban a sus hijos y, posteriormente, juicio sobre los responsables de sus desapariciones.
En democracia han habido otros casos de desaparición forzada. Uno de ellos es el de Facundo Astudillo Castro, un joven que fue apresado por violar la cuarentena, después desaparecido y posteriormente encontrado muerto por un grupo de pescadores. Las declaraciones de los policías involucrados son contradictorias.
En Perú, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó una lista de personas desaparecidas entre 1980 y el 2000. De entre las 20,329 personas en la lista, al momento de publicarla únicamente 865 habían sido encontradas y restituidas a sus familiares para sepultura. De acuerdo con un estudio de 2021 de la comisión internacional de juristas, sólo 47 de los más de 20,000 casos han tenido una sentencia judicial.