Migración

El desafío de los niños y niñas migrantes en Perú

Jennifer de Díaz llegó a Lima el 6 de agosto del 2023, proveniente de Caracas, la capital de Venezuela. La recibieron sus dos hijos mayores, quienes ya tenían dos años viviendo acá. Su objetivo al llegar al país era iniciar el proceso de regularización migratoria para ella, su esposo Jairo, y su hija Sara, de 9 años.

Desde el 2021 la Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó la tramitación del Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que fue prorrogado hasta noviembre de 2023, y es un documento que permitía la posibilidad a cualquier migrante en situación irregular, de obtener un documento por un periodo de seis meses y luego recibir un carnet de extranjería con la calidad migratoria especial.

Sin embargo, aunque para cuando Jennifer y su familia llegaron al país aún se encontraba vigente el plazo para tramitar el CPP, la norma legal indicaba que solo podían iniciar ese trámite quienes tuviesen un ingreso irregular hasta antes del 10 de mayo de 2023. Es decir, meses antes de la llegada de Jennifer.

“Nosotros no sabíamos ese requisito de la fecha, por lo que tratamos de hacer todo de forma transparente. En nuestros antecedentes no hay ningún delito, además de que viajamos con nuestra hija”, cuenta Jennifer.

Ella y su núcleo familiar hicieron el trámite en agosto, apenas llegaron, pero fue denegado. Volvieron a intentar al mes siguiente, donde presentaron los alegatos que tenían: desconocían el requisito de la fecha de ingreso, tenían a su hija, una menor de edad, y se encontraban en una situación vulnerable. Pero Migraciones volvió a negar la solicitud.

Por si esto fuera poco, las circunstancias legales no eran la única preocupación de Jennifer. Estando en Perú, fue diagnosticada con hiperplasia simple de endometrio, una proliferación excesiva del endometrio y que tiene un riesgo pequeño de volverse cancerígeno. Era necesario hacerse un examen y una operación. Sin tener documento de identidad, no obstante, no podía acceder al servicio de salud del país. Sin otra alternativa, Jennifer acudió a una ONG en la que le ayudaron para que iniciara un proceso de regularización por situación de vulnerabilidad, y así tener un carnet de extranjería en el país.

Aunque consiguió los recursos para realizar sus exámenes médicos en un centro de salud público del país, aún está a la espera de obtener los resultados que tendrá que derivar a la Superintendencia Nacional de Migraciones para poder tramitar su documento de identificación.

La realidad de la población venezolana joven en Perú

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, hasta el 31 de enero de 2024 más de 82 mil 600 niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación migratoria regular, ya sea a través de una calidad migratoria aprobada o un permiso de permanencia. La institución también señaló que más de 28 mil 300 se encuentran en proceso de regularización y posterior obtención de una calidad migratoria. Quizá la cifra más preocupante se encuentra en quienes aún no están regularizados, que se estima en 121 mil 300 niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana (ENPOVE 2022), la población de niños se encuentra dividida en grupos de edades que van desde los 3 a los 5 años, lo que significa un 84,9% del total de esta población, niños y niñas de 6 a 11 años  con 98,9%; y de 12 a 16 años para un total de 91,1%. Además, se refleja un incremento de los hogares integrados por niños, que pasó de 33,5% en 2018 a 58,7% en 2022.

Génesis Hung, abogada y especialista en temas migratorios, explica que la situación de los niños y niñas en Perú puede ser compleja no solo porque ya no existe una vía como el CPP para la regularización, sino que los mecanismos existentes suelen ser muy burocráticos. “El niño que ingresa de forma irregular no se diferencia en nada de lo que puede pasar una persona que entra al país por la misma situación”, explica.

En la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, y a la que está suscrita Perú, se establece en su artículo 3 que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

“Para que un niño pueda regularizarse ahora solo existen tres vías nada más”, explica Hung. “La primera de ellas, es que el niño pueda regularizarse por su familia, pero hay una barrera y es que el niño tiene que haber ingresado de forma regular. La segunda es que el niño padezca una enfermedad, y se tramite su identificación por vulnerabilidad. Y la tercera, es solicitar refugio a tenor del interés superior del niño, y es triste porque hay ocasiones donde está solo un niño pidiendo el refugio. Ahora no hay ningún tipo de salida adicional”.

Que un niño no tenga un documento vigente y en regla le podría impedir que pueda acceder a otros derechos importantes, como la salud o la educación. Este también fue el caso de la familia de Jennifer. Ella recorrió al menos 5 colegios en el distrito de Chorrillos para poder inscribir a Sara, su hija, en el sexto grado. En cada uno le dijeron que no podían permitirle el ingreso, ya que la niña no contaba con ninguna identificación.

“No tener un carnet es difícil porque me encontré con esta situación de no poder inscribir a mi hija en el colegio. Además, nos afecta en el trabajo. Mi esposo es contador y administrador y aunque ha tenido buenas oportunidades laborales, no ha podido tomarlas al no contar con un documento. Lo mismo me ha pasado a mí y, al no tener un ingreso fijo, costear un colegio privado se vuelve difícil”, cuenta.

Fue en el colegio San Martín de Porres, en el mismo distrito limeño, en donde finalmente le permitieron el ingreso de Sara. “Ahí tuve casi que llorarle a la directora, decirle que mi hija necesitaba estudiar. Y la dejaron, pero con el compromiso de tramitar su documento. Pero estoy a la espera de poder obtenerlo y luego dárselo a ella, ya que es la única alternativa que nos ofrecieron en migraciones”.

Niños y niñas como solicitantes de refugio en el Perú

La Calidad Migratoria Especial Residente es una categoría que, si bien no es una calidad migratoria, puede beneficiar a los niños, niñas y adolescentes que son sobrevivientes de trata de personas, no acompañados, con condiciones médicas graves o sobrevivientes de violencia familiar o sexual. Sin embargo, no son la mayoría de los casos.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados pueden solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en Perú. Pese a no tratarse de una calidad migratoria, el Estado está en el deber de procesar estas solicitudes con la mayor celeridad posible y autorizar su permanencia en el país, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley No 27891, Ley del Refugiado.

“Los procesos de refugio son largos”, dice la abogada especialista en temas migratorios. “Hemos acompañado a niños y niñas que no tienen otra alternativa de regularización, y el proceso tarda entre 6 o 7 meses”, dice Hung.

En la actualidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de realizar estos procedimientos, está emitiendo un carnet de solicitantes de refugio de manera virtual para acelerar el trámite. Sin embargo, no hay una difusión suficiente de esta opción para que sea reconocida en las instituciones públicas y privadas del país. “Al final son trabas burocráticas, pero que afectan siempre al niño”, dice la especialista.

Desde hace algunos años se ha contemplado además la figura de la calidad humanitaria, una iniciativa que, en principio, estaba en poder del Ministerio de Exteriores, pero que ahora va a pasar a cargo de la Superintendencia de Migraciones. Sin embargo, no se ha publicado el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para conocer cómo será el proceso para la obtención de esta calidad, ni los detalles de qué implicaría la misma.

“Antes había una perspectiva de derechos humanos. Se entregaba la categoría de Calidad Humanitaria a gente que había ingresado al país de forma irregular y que no tenía antecedentes, era un proceso más flexible”, dice Hung. Sin embargo, ahora se desconoce cómo se tiene que proceder.

Jennifer ya tiene siete meses esperando que puedan entregarle su carnet de extranjería de extrema vulnerabilidad. Ya ha avanzado con sus exámenes médicos para presentar ante migraciones y así obtener el documento que le permitirá también regularizar a su hija y esposo.

Para los niños y niñas que siguen en tránsito hacia Perú, así como el resto de la población venezolana, todavía existe el desafío de la regularización. “La vista del gobierno actual es una perspectiva de securitización. Se han intensificado los controles en la frontera, y se puede ver en las publicaciones en redes sociales de la Superintendencia de Migraciones cómo venden las expulsiones como un logro y todo por la seguridad del país. Dicen ‘sacamos a 32 extranjeros’, pero no sabemos si allí hay adultos mayores o niños, o si tenían antecedentes”, sentencia Hung.

Ella finaliza diciendo que la migración dependerá de la agenda política y las medidas que se adopten para poder incentivar la regularización de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela que van hacia países como Perú en búsqueda de mejores oportunidades para su vida.