Nicaragua
Las pseudoelecciones fortalecerán la dictadura en Nicaragua
Desde hace ya varios meses la esperanza de que las elecciones generales del 7 de noviembre en Nicaragua sean libres, justas y transparentes ha desaparecido. El presidente Daniel Ortega ha preparado el terreno para su reelección y la de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo desde mayo de 2021
A pesar de la presión ejercida por Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, la falta de voluntad del gobierno provocó que no se produjera un debate en torno a la esperada reforma a la ley electoral, misma que preveía la implementación de la segunda vuelta electoral y la admisión de misiones de observación internacional. Sin embargo, la mayoría parlamentaria leal al gobierno, aprobó la reforma a su modo y sin mayor contratiempo. La segunda vuelta electoral no fue aprobada. Los candidatos que apoyan la imposición de sanciones internacionales contra el régimen de Ortega fueron excluidos de las elecciones, y el papel de la misión de observación internacional quedó reducido a un acompañamiento electoral mínimo.
El presidente no quiere que nadie tenga conocimiento de lo que sucederá durante las elecciones de noviembre, y no habrá misión de observación electoral de la OEA. Por otra parte, el Parlamento (Asamblea Nacional) reeligió a los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), y cubrió los puestos con magistrados afines al gobierno. Esta reforma le otorgó al CSE una posición muy alta dentro del aparato de control del gobierno y un amplio margen discrecional, especialmente con respecto a la suspensión y disolución de partidos políticos.
El gobierno ha preparado minuciosamente estas elecciones: recortó en 35 días el periodo de campañas electorales y redujo el número de casillas electorales, de cerca de 4.300, a 3.100 para dificultar a los “bastiones” de la oposición el acceso a las urnas y crear la impresión de una mayor participación electoral.
El presidente Ortega está buscando su tercera reelección consecutiva. Gobernó primero entre 1985 y 1990, y después en los años 2007 a 2012, 2012 a 2017 y actualmente desde 2017. Los primeros resultados electorales preliminares se esperan el 15 de noviembre y con ello, Daniel Ortega comenzaría su quinto mandato el 10 de enero de 2022, y la Asamblea Nacional iniciará el nuevo periodo legislativo el 9 de enero de 2022.
En estas elecciones, junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo bajo la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pequeños partidos afines al régimen se presentan con candidatos presidenciales; entre ellos el Partido Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido Liberal Constitucionalista del expresidente corrupto Arnoldo Alemán y el Partido Liberal Independiente. Contrariamente a lo que indican sus nombres, estos movimientos políticos distan ampliamente de ser liberales. Obedecen ciegamente al régimen y le sirven a Ortega para legitimar elecciones de índole supuestamente democrática.
A dos importantes partidos de oposición se les canceló su personería jurídica. Se habían formado dos grandes movimientos de oposición, la Alianza Ciudadanos por la Libertad y la Coalición Nacional. El gobierno, al verse amenazado por ésta última, a mediados de año canceló la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), que era el vehículo político de la Coalición Nacional.
De igual manera, el gobierno del presidente Ortega ordenó la disolución del mayor partido de oposición, Ciudadanos por la Libertad (CxL), privando a su presidenta Kitty Monterrey, quien es también Vicepresidenta de la Internacional Liberal, de su nacionalidad nicaragüense. Si Kitty Monterrey no hubiera logrado exiliarse en Costa Rica muy probablemente también hubiera sido arrestada, al igual que otros líderes opositores.
En junio de este año inició una ola sin precedentes de arrestos arbitrarios y en parte violentos de candidatos de la oposición. Entre los presos políticos más conocidos del gobierno de Ortega se encuentran Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro; Félix Maradiaga, defensor de derechos humanos y aliado de la Fundación Friedrich Naumann desde hace muchos años; Juan Sebastián Chamorro, renombrado representante del sector privado; el exembajador de Nicaragua Arturo Cruz y el periodista Miguel Mora. A dos semanas de las elecciones fueron detenidos también el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Se estima que el número total de presos políticos asciende a casi 150.
El gobierno de Estados Unidos manifestó que la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos de oposición equivale a socavar el derecho de la población nicaragüense a elegir a sus políticos. En efecto, con las detenciones arbitrarias Ortega acalla a sus adversarios y socava las estructuras democráticas. A la luz de la actuación rigurosa del gobierno contra cualquier voz opositora, la reelección del presidente Ortega y la consiguiente consolidación de un régimen autoritario en Centroamérica es prácticamente un hecho.
Frente a esta situación, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad insta a las autoridades nicaragüenses a respetar el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la libertad de los ciudadanos, activistas, líderes de oposición y periodistas en Nicaragua. Nuestros pensamientos están con quienes defienden la libertad y abogan por elecciones justas. Independientemente del desenlace de las elecciones, estas demandas de la comunidad internacional no deben cesar.
Elisabeth Maigler Kluesserath
Directora de Proyectos para Centroamérica