Libertad de expresión

Prensa, impunidad y democracia

En México, tras la oleada de violencia contra la prensa desatada años atrás, la sociedad civil acuñó la frase “No se mata la verdad matando periodistas”. Y es verdad, no se mata: se agrede, se invisibiliza, se dificulta su acceso. Las historias por las cuales los periodistas fueron agredidos o asesinados rara vez salen a la luz y la inseguridad orilla al desplazamiento forzado y el silencio.

Hoy, 2 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. En una región en la cual todos los delitos gozan de altos índices de impunidad, podría parecer que poner acentos en unos u otros es vano: sí, cada crimen debe ser investigado y resuelto con la misma diligencia y hacer una competencia entre delitos más y menos importantes es, no solo absurdo, sino inútil.

¿Por qué, entonces, dedicar un día entero para hablar sobre las agresiones contra la prensa? En mayor medida porque los efectos de los crímenes contra periodistas no solo atentan contra ellos, sino también conta su labor y, por tanto, contra uno de los cimientos clave de la democracia: la libertad de expresión.

Durante 2021, en América Latina se cometió una agresión contra la prensa cada dos horas. Aunque no hay una cifra precisa sobre la impunidad total, otros indicadores pueden darnos una pista del alcance del fenómeno: 4 de cada 5 asesinatos contra periodistas durante los últimos diez años han quedado en la impunidad, y, en México y Colombia, dos de los países con números más preocupantes, el porcentaje de crímenes no resueltos asciende al 98%.

La impunidad, por desgracia, trasciende la falta de justicia, ya de por sí preocupante y trae consigo otros efectos adversos: por un lado, censura de forma directa o indirecta la verdad y, por otro, es una invitación a seguir el mismo patrón de violencia: ven, agrede periodistas, nada va a pasar.

El problema resulta aún más preocupante cuando se lo pone en el contexto de una nueva ola de populismos y regímenes autoritarios en la región que se valen de los ataques contra la prensa para legitimar sus gobiernos. De acuerdo con datos del informe anual de Voces del sur, el uso arbitrario del poder del Estado contra la prensa se triplicó y del total de alertas de violaciones contra la libertad de expresión reportadas en 2021, un 72% identifica al Estado como agresor.

En Cuba, las principales agresiones contra la prensa en el primer semestre de 2022 fueron citaciones oficiales, arrestos domiciliarios, supresiones del servicio de internet y detenciones arbitrarias. Los periodistas, quienes han sido pieza clave de las protestas contra la dictadura, son agredidos por la propia institución que debería protegerlos. Dejar sus casos sin resolver atenta contra la legalidad, sí, pero también contribuye a desbaratar el movimiento de protesta que pugna por conquistar la democracia y hace cada vez más difícil que los atropellos del régimen sean visibles fuera de la isla. ¿No se está matando la verdad? ¿No se está matando algo más que la verdad?

Cuba es uno de los casos más extremos, pero ni siquiera los países con instituciones relativamente consolidadas están exentos de repetir el mismo patrón. En México, por ejemplo, en lo que va de 2022, la mayor parte de los periodistas agredidos cubrían temas de política, corrupción, seguridad y justicia, asuntos que en el contexto actual es urgente atender y que, sin una voz que los cuente, tienen cancha libre para replicarse.

Es imposible ignorar que, además de ser un problema en sí misma, la ausencia de justicia en crímenes a periodistas alimenta y se ve alimentada por los demás retos democráticos que enfrenta la región. La inseguridad y la violencia derivadas de la impunidad evitan las investigaciones periodísticas —fundamentales para generar contrapesos de poder—, lo cual propicia la erosión institucional y da la vuelta a un eterno círculo vicioso.

Si aspiramos a detener el círculo, el primer paso es entender que los crímenes contra periodistas no se cometen únicamente contra periodistas, sino también contra la ciudadanía, pues se coarta el acceso a la verdad, a las perspectivas disonantes contra los discursos gubernamentales  y contra las democracias en las cuales habitan. Acabar con la impunidad implica traer de vuelta la verdad a nuestras sociedades y ningún proceso de justicia puede estar completo sin ello.