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Ser LGBT+ en Latinoamérica
América Latina es la tercera región con más derechos para la comunidad LGBT+ después de Europa y Norteamérica, pero es también una de las más peligrosas. En 2020 cerca del 80% de los asesinatos contra personas trans se cometieron en la región y tan solo el 35% de la población aprueba el matrimonio homosexual.
La lucha por una vida digna se ve atravesada por distintos factores: gobiernos sin una agenda clara para la diversidad, legislaciones dispares y discriminación.
Panorama legal
UNIONES Y MATRIMONIOS HOMOSEXUALES
Salvo Belice y Guyana, en todos los países que forman parte geográfica de América Latina es legal mantener relaciones sexuales consensuadas con alguien del mismo sexo; sin embargo, el reconocimiento de uniones y matrimonios es una historia diferente que visibiliza el largo camino que debe recorrer Latinoamérica.
Las únicas naciones donde el matrimonio igualitario es legal sin restricciones son Costa Rica, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, lo cual, descontando a México cuya legislación varía dependiendo del estado, representa menos de una tercera parte de los países latinoamericanos. Si añadimos los números del Caribe, el porcentaje se vuelve aún más pequeño.
Quienes sí consiguen contraer matrimonio se enfrentan con un obstáculo adicional: el reconocimiento de su unión en países ajenos al suyo y, por tanto, el derecho a ser identificados como parte de la familia en caso de accidentes. Salvo México y Chile, ningún otro país que prohíba el matrimonio igualitario reconoce uniones homosexuales del extranjero.
Las uniones libres o civiles se han vuelto una alternativa para quienes quieren contraer matrimonio en un país que no se los permite. En Chile, por ejemplo, el matrimonio igualitario es ilegal, pero desde 2011 existe la posibilidad de celebrar un contrato de unión civil que permite acceder a herencias, seguridad social y regímenes patrimoniales que previamente solo estaban reconocidos para los matrimonios.
Caso similar es el de Bolivia, donde a finales de 2020 una pareja consiguió por primera vez en la historia constituirse como unión civil a través de un fallo constitucional en el cual se estableció que los convenios internacionales de Derechos Humanos tenían mayor importancia jurídica que la Carta Magna. Esto abre una gran esperanza para que otras parejas homosexuales puedan hacer lo mismo.
ADOPCIÓN HOMOPARENTAL
La adopción homoparental está permitida únicamente en Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina. En México, si bien la suprema corte decretó que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la vida familiar, 10 estados aún no reconocen el matrimonio igualitario y por tanto les es casi imposible adoptar como pareja.
La legalidad, no obstante, no implica que no exista discriminación en el proceso, lo cual complica todavía más el procedimiento. A menudo esto se ve empeorado por el hecho de que el proceso está pensado para parejas heterosexuales; en México, por ejemplo, los formatos de adopción han pedido a parejas el nombre de “padre” y “madre”.
Ante este panorama legal, una de las alternativas que han surgido para las parejas homosexuales en Chile, México y Guyana es la adopción como “soltero” por parte de uno de los miembros de la pareja; no obstante, esto no brinda todos los derechos que a las familias heteroparentales.
RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD
El reconocimiento colorea el mapa de forma distinta: en casi todos los países de Latinoamérica es posible cambiar de nombre y, en la mayoría de ellos, es posible cambiar el sexo en documentos oficiales sin necesidad de una cirugía de reasignación de sexo o una orden judicial.
Excepciones a esto son Perú, donde se requiere una orden de la corte para considerar el cambio de sexo en documentos oficiales y Ecuador, donde es posible conseguir dos cédulas de identidad (una de género y una de sexo), pero para cambiar los documentos se requiere un permiso judicial.
En el resto de los países los procedimientos varían ligeramente: en Bolivia, por ejemplo, se requiere de un examen psicológico y en Chile es posible registrar a los niños intersex como “sexo indeterminado”.
En Paraguay, si bien no hay una ley que reconozca la identidad de personas transexuales, las activistas Yren Rotela y Mariana Sepúlveda han conseguido interponer recursos jurídicos para cambio de nombre que, hasta la fecha, siguen en revisión.
Una lucha similar se dio en Venezuela, donde los procedimientos de cambio de sexo y género están prohibidos de facto, pero activistas como Tamara Adrián, la primera legisladora trans en Latinoamérica, continúan trabajando para brindar derechos a la comunidad LGBT.
México por su parte posee legislación diferenciadas en cada uno de sus estados. Dentro de 13 estados es posible efetuar un cambio de nombre y sexo en documentos oficiales sin necesidad de una orden judicial; en Jalisco este derecho se extiene también a los menores de 18 años.
Puedes consultar más sobre la situación legal de la comunidad LGBT+ en América Latina y el mundo aquí.
Aceptación y discriminación
Ahora bien, el hecho de que existan leyes que acrediten derechos para la comunidad LGBT+ no implica que estas se apliquen o que el público general acepte las medidas. De acuerdo con el informe El prejuicio no conoce fronteras, México y Colombia, dos países con leyes pro LGBT+ son también las naciones con más asesinatos contra la comunidad.
Cerca del 80% de los crímenes contra las personas trans se cometen en América Latina. El registro apunta a 2608 entre 2014 y 2020, no obstante, la invisibilidad institucional a la que se enfrenta el colectivo apenas permite esbozar una fracción estimativa del total.
El prejuicio afecta a todos los niveles. En México, una de cada tres personas LGBT+ ha sufrido discriminación y, de ellos, solo un 17% acudió a poner una queja. El miedo a ser juzgados provoca que poco más de la mitad de la población no revele su orientación sexual o identidad de género a sus compañeros de trabajo.
54.6% de los encuestados latinoamericanos en un estudio de 2017 realizado por ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) dijeron que las personas no deberían ser criminalizadas por tener relaciones sexoafectivas con alguien de su mismo género. 25.6% dijeron no estar de acuerdo o desacuerdo y 19.6% afirmaron que sí debería haber una pena legal.
Solo el 35% de los encuestados de América de otro estudio de la misma organización piensa que el matrimonio homosexual debería estar permitido.
A pesar de los avances legislativos que se han dado en los últimos años todavía queda un largo camino por recorrer antes de que las personas LGBT+ puedan vivir una vida libre de prejuicio.
La lucha por el reconocimiento de los derechos
Entre los dirigentes electos y en funciones son pocos los que tienen una agenda LGBT+. En Perú, Pedro Castillo se declaró en contra de los matrimonios igualitarios alegando que “primero va la familia”; en México, Andrés Manuel López Obrador sigue sin tener una postura clara y se refiere a los derechos como “este asunto” y en Brasil es ya conocida la declaración de Jair Bolsonaro de cómo preferiría tener un hijo muerto que uno homosexual.
En la historia de la región, la comunidad no ha tenido muchos aliados en ningún frente político. Aunque los primeros movimientos durante la década de los 70 's tenían un corte marxista o socialista, los dirigentes políticos de estas ideologías —destacan Salvador Allende y Fidel Castro— eran abiertamente homofóbicos.
En México, por ejemplo, la primera marcha reconocida de la comunidad LGBT+, un contingente del Frente de liberación homosexual, se realizó el 26 de julo de 1978 en el aniversario de la revolución cubana, misma revolución que, sin cargos ni juicio, sometía a la población de la comunidad a trabajos forzados.
La década de los 80's trajo consigo nuevas agrupaciones que se unían de forma solidaria para combatir un problema común: el VIH. En medio de dictaduras y democracias restauradas, surgieron grupos como el Grupo Gay de Bahía en Brasil, la Comunidad Homosexual Argentina, el Movimiento Homosexual en Lima y la organización lésbica Ayuquelén en Chile.
Fue en los 90’s que se abandonó la categoría homosexual para adoptar los conceptos de gay y lesbiana y, más tarde, transexual, transgénero, trasvesti, bisexual e intersexual. El movimiento se concentró en la visibilidad con las marchas del orgullo y permitió que algunos grupos se asumieran como parte de la comunidad sin necesidad de ser parte de un grupo de presión política.
Hoy en día, independientemente del país y el grado de libertad que tengan, los miembros de la comunidad LGBT+ se organizan de diversas formas en toda la región para exigir demandas y reconocimiento y cada año son más las millones de personas que se unen a las marchas del orgullo.