Migración y pluralismo religioso

Migración y diversidad religiosa en España

En las últimas tres décadas, las migraciones han sufrido cambios drásticos en sus características generales, debido, primero, a los múltiples factores de expulsión en los países en desarrollo[1]; y, segundo, a los factores de atracción en los países desarrollados[2]. A ello hay que añadir otros factores, como la mejora de los transportes y las comunicaciones en un mundo cada vez más interconectado y globalizado.

Actualmente, todos los países están involucrados en los desplazamientos de personas, o bien como países de origen, o bien como países de tránsito o de destino. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, el número de migrantes internacionales en todo el mundo se sitúa en 281 millones. Los inmigrantes representan el 3,6% de la población mundial, y de ese total prácticamente la mitad (49%) son mujeres.

En el caso de España, en menos de dos décadas ha pasado de ser país expulsor de migrantes a convertirse en país de destino preferente para 6.007.553 ciudadanos procedentes de África, América Latina, Asia y de varios países de Europa del Este, según datos del Observatorio Permanente de Inmigración a 1 de enero de 2022.

Esta llegada ha reconfigurado el mapa religioso español y ha hecho de España un país más diverso, más plural, más rico en posibilidades, pero también más problemáitco y necesitado de idear y formentar espacios y políticas de convivencia entre las distintas religiones y creencias profesados por sus más de 47 millones de habitantes, nacionales y migrantes.

Según el último barómetro realizado en abril de 2022 por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el 17,3% de los encuestados se declaran católicos practicantes (39,9% se identifican católicos no practicantes) y el 2,6% como creyentes de otras religiones. Además, el 12,4% se consideran agnósticos, mientras que los no creyentes 11,4% y los ateos 14,8%.

La Conferencia Episcopal estima que hay 32,6 millones de católicos. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España calcula que hay 1,7 millones de protestantes, 900.000 de ellos migrantes. La Unión de Comunidades Islámicas de España estima que hay 2,3 millones de musulmanes; mientras que la Federación de Comunidades Judías de España calcula que hay 40.000 judíos. Además, hay 900.000 cristianos ortodoxos; 113.000 testigos de Jehová; 85 000 budistas y 54.000 mormones, aparte de otros grupos religiosos como la Ciencia Cristiana, el bahaísmo (12.000), la Cienciología (11.000) y el hinduismo. Cataluña, Andalucía y Madrid, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, concentran el mayor porcentaje de no cristianos, que son casi el 50% en estas dos últimas.

En los últimos 15 años se han realizado numerosos estudios sobre la mayoría de estas religiones, especialmente sobre el Islam, la segunda religión más profesada en España. Según los cuatro ‘Barómetros de Opinión de la Comunidad Musulmana de origen inmigrante en España’ de Metroscopia, los musulmanes de origen migrante se consideran adaptados a la vida española: el 67% declara sentirse claramente a gusto; el 83% se considera adaptado; el 90% tiene un entorno relacional amplio y plural; un 5% ha contraído matrimonio con españoles en los últimos años y una clara mayoría considera que los matrimonios entre musulmanes y cristianos deberían aceptarse con naturalidad. En cuanto al dominio de la lengua española, la gran mayoría dice tener un dominio razonable y, entre quienes residen en el litoral mediterráneo, un tercio dice saber catalán o valenciano.

Frente a esta imagen positiva de los musulmanes de origen migrante sobre España, más del 50% de los españoles tienen una imagen negativa de ellos y el 70% piensa que son el colectivo religioso que crea más problemas en el mundo, lo que dificulta su deseada integración.

La mayoría de los estudios realizados desde 2010 alertan sobre el crecimiento de los indicadores de islamofobia. Según el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, desde el inicio de la crisis económica de 2008 se producen una media anual de 12.000 discriminaciones y delitos de odio contra personas o colectivos estigmatizados como musulmanes, migrantes o migrantes con rasgos físicos de árabes. Muchas mezquitas y comercios de migrantes de origen marroquí han recibido ataques y amenazas racistas.

Este deslizamiento de la opinión pública hacia posiciones desfavorables a la diversidad religiosa y cultural se ha recrudecido en los últimos años, tras la irrupción de Vox en el Parlamento Andaluz, en 2018, y en el Congreso de los Diputados y varios ayuntamientos, en 2019. Los últimos informes de SOS Racismo y la Plataforma Contra la Islamofobia evidencian que el discurso de Vox en los últimos cinco años ha calado en gran parte de la sociedad.

Según el último ‘Informe anual sobre la islamofobia en España’, existe un creciente sesgo islamófobo de los líderes políticos de diferentes ideologías; un papel muy activo de la extrema derecha y los grupos neonazis, con ataques a mezquitas cada cierto tiempo; un incremento de la islamofobia de género, con agresiones a mujeres musulmanas; y la discriminación escolar, laboral y/o social a causa del hiŷāb. Por otra parte, el ciberodio supone el 70% de los incidentes recogidos en el informe. La proliferación de mensajes islamófobos en Internet y redes sociales, aprovechando el desconocimiento y vulnerabilidad de la comunidad cibernética, deshumaniza, extranjeriza y difama a los musulmanes, al Islam y a las personas refugiados.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesaria una buena gestión de esta diversidad religiosa y pluralidad cultural, adoptando medidas políticas y legislativas para impulsar la convivencia y el diálogo interreligioso e intercultural, erradicando la discriminación y los delitos de odio.

Para ello, hay que promover medidas educativas y ciudadanas de información y concienciación sobre lo positivo de la diversidad religiosa y la pluralidad cultural, e invertir en la educación, de acuerdo con las recomendaciones de la Unesco, la OSCE y otras instituciones europeas como la Agencia de los Derechos Fundamentales.

[1] Como: el elevado crecimiento de la natalidad, la falta de empleo, la inestabilidad económica, el recrudecimiento de la pobreza, los gastos relacionados con algunos conflictos bélicos o guerras civiles, la corrupción, el diferencial de salarios, el mal reparto de la renta entre los países desarrollados y los países en desarrollo, la escasa aportación que envían los países desarrollados como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y el deterioro medioambiental.

[2] De los cuales se destacan: la pujanza económica que se vive en estos países, el envejecimiento y la baja natalidad, la falta de mano de obra en algunos sectores de actividad, la proximidad geográfica (en el caso de algunos países de Europa Occidental y Central con países del sur y del este del Mediterráneo de Europa del este no miembros de la UE y EEUU con 2.250.486 Méjico y algunos países del Caribe), el impacto del sector audiovisual y de las telecomunicaciones (televisión por Satélite e Internet).