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¿Autonomía o control?: El debate sobre los servicios de inteligencia

Las sociedades modernas han asumido que la existencia de los servicios de inteligencia es una necesidad ineludible para proteger el sistema democrático y a sus ciudadanos. Éstos necesitan saberse defendidos ante las amenazas internas y externas a su modo de vida.

Por definición, la labor de los servicios de inteligencia es trabajar para el Estado, colaborando con el poder ejecutivo para garantizar la seguridad necesaria que permita la defensa de nuestros derechos y libertades. Para ello, han de ser imparciales y profesionales, tienen que estar democratizados y ser capaces de defender a la nación de forma eficaz, independientemente de los cambios de gobierno.

Como ponía de relieve el diputado y vicepresidente del Grupo Liberal en el Bundestag, Konstantin Kuhle, en un reciente encuentro organizado por el Foro Libertas, Veritas et Legalitas (LVL) y la oficina de Madrid de la Fundación Friedrich Naumann, “nuestras democracias tienen la misión de proteger las libertades fundamentales y los derechos humanos, y los servicios de inteligencia realizan una importante labor en este sentido”. Sin embargo, el diputado del Bundestag también abogó por encontrar un equilibrio entre las necesidades de los servicios de inteligencia y la protección de nuestras libertades.

En efecto, la cuestión del control que deben tener estos servicios de inteligencia en el seno de las sociedades democráticas está en el centro del debate. Una cuestión que resulta especialmente controvertida, ya que estamos hablando de unas organizaciones cuyas actividades se caracterizan por una extremada discreción y secretismo que resulta imprescindible para su correcto funcionamiento.

Es un hecho que la opinión pública solo tiene conocimiento de algunas de las actividades de estos servicios cuando se han producido errores que han permitido a los medios de comunicación alertar sobre ello, como ha sucedido en España con el “caso Pegasus” -caso de espionaje masivo a figuras públicas-.

Estos errores en las únicas actividades de los servicios de inteligencia que han trascendido al público determinan que éste tenga una percepción negativa de los servicios de inteligencia y su funcionamiento. Lógicamente, bajo la superficie queda oculta una enorme y callada labor que realizan estos organismos en la prevención de posibles amenazas a nuestra libertad, seguridad y modo de vida.

Expertos en los servicios de inteligencia como el propio Konstantin Kuhle creen que, desde el punto de vista liberal, sería deseable que se planteara un debate abierto sobre el control de los mismos, sin necesidad de que se haya producido un error o una disfunción en el sistema.

La cuestión sería: ¿aumentar los controles parlamentarios y judiciales de la actividad de los servicios de inteligencia podría ir en detrimento de la eficacia de su labor? ¿O dotarlos de una excesiva autonomía de actuación constituiría una amenaza al funcionamiento de las sociedades democráticas?

El mencionado foro sirvió para ofrecer algunas respuestas a este dilema. Desde su experiencia, el exagente del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) Fernando Pinto se mostró partidario de una solución de consenso: “La clave está en que la ciudadanía tiene que saber qué es lo que hacen estos servicios de inteligencia y para que sirven; y, por su parte, los servicios de inteligencia tienen que perder el miedo a ser controlados”.

Una de las claves para que este control funcione es que se garantice la independencia de estos servicios respecto al Gobierno. La estrecha relación que debe existir entre ambos -en el caso de España, el Ejecutivo es quien define los objetivos y recibe la información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- no debe pervertirse, de modo que los servicios de inteligencia acaben sirviendo a los intereses del Gobierno de turno.

Según este modelo ideal, los cambios de gobierno no deben suponer modificaciones en la estructura o en la cúpula de los servicios de inteligencia, ni el director del mismo debe convertirse en un cargo de confianza, nombrado por motivos políticos. En España, este modelo ha funcionado durante bastantes años: Félix Sanz Roldán fue director del CNI entre 2009 y 2019, con dos Gobiernos de diferente orientación política.

Además de su estrecha relación con el Ejecutivo, los servicios de inteligencia también están sometidos a un control parlamentario, que cuenta con diferentes modelos en los países, en función de su forma de gobierno. Pese a estas diferencias, es común la existencia de una comisión parlamentaria ante la que comparece periódicamente el director del servicio de inteligencia nacional para dar explicaciones de sus actividades.

El problema que se plantea en estas comisiones es que la representación parlamentaria obtenida en las elecciones por parte de algunos partidos extremistas y populistas les garantizan su presencia en estas comisiones. Ello ha suscitado dudas acerca de la conveniencia de que en el seno de estas comisiones se revelen secretos que luego pudieran ser difundidos de forma irresponsable por algunos de sus miembros, como de hecho ya ha sucedido en España. Sin embargo, se trata de un riesgo que hay que asumir en una sociedad democrática, y solo cabe apelar a la responsabilidad y sentido de estado de quienes ocupan cargos políticos.

Por último, es relevante hacer referencia a un concepto que, en principio, parecería ajeno a los servicios de inteligencia: la comunicación. Parte de la desconfianza que su actuación genera en la opinión pública viene dada, como hemos visto antes, por la falta de información acerca de sus actividades y por el hecho de que, cuando los medios de comunicación se ocupan de los servicios de inteligencia es porque algo ha fallado.

Esta desconfianza se restauraría con una cierta labor de comunicación que permitiera conocer hasta donde se pueda la labor positiva que hacen en defensa de los derechos y libertades. Sin duda, es otra cuestión que requiere un cuidadoso equilibrio para no interferir en las actividades que desempeñan.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Oficina Federal de Protección Constitucional (BfV, por sus siglas en alemán) alemana tiene entre sus atribuciones la de informar y alertar a los ciudadanos ante posibles amenazas a la seguridad, la democracia y las leyes alemanas. De hecho, emite un informe anual en el que hace hincapié en estas cuestiones para conocimiento público.

En conclusión, la labor que desempeñan estos servicios de inteligencia es fundamental para proteger nuestros derechos y libertades, aunque, como cualquier otra actividad, es susceptible de mejora. De ellos y de su “infinita capacidad de sospecha” (John Le Carré) depende nuestra supervivencia.