Nicaragua
El régimen nicaragüense continúa radicalizándose: la persecución de la Iglesia no tiene fin
En 2018, cuando estudiantes protestaron contra las reformas de la seguridad social, la Iglesia católica tuvo un papel destacado. Fue refugio de muchos nicaragüenses que tuvieron que huir de los ataques policiales durante las protestas. Las reformas fueron el detonante de las protestas; el descontento de la población se basaba en realidad en el empeño del gobierno, desde hacía tiempo, por controlar todas las instituciones públicas y concentrar así el poder en manos del Presidente Daniel Ortega y su Vicepresidenta y esposa Rosario Murillo. Más de 300 personas murieron y muchas fueron detenidas en las protestas de abril de 2018. En ese momento se contabilizaban 700 presos políticos.
Durante un largo período, la Iglesia católica en Nicaragua desempeñó un papel crucial como faro de esperanza en la búsqueda de una resolución al conflicto político en el país. Para muchos, esta institución religiosa era vista como el único mediador viable para facilitar un diálogo constructivo entre la oposición y el gobierno sandinista. Sin embargo, esta dinámica cambió drásticamente cuando Daniel Ortega rechazó cualquier posibilidad de diálogo y comenzó a acusar a la Iglesia de instigar un supuesto golpe de Estado ocurrido en abril de 2018, llegando incluso a calificar a los sacerdotes como "diablos con sotana".
La Iglesia es crítica hacia las acciones del régimen.
Por si fuera poco, a la oleada de detenciones de los principales políticos opositores en 2021 siguió una represión masiva de obispos, sacerdotes y congregaciones religiosas. En 2022, la Orden de las Misioneras de la Caridad, que dirigían principalmente hogares infantiles en Nicaragua, fue expulsada del país. En agosto, Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, la séptima ciudad más grande del país, fue puesto bajo arresto domiciliario en Managua, mientras que otros cinco sacerdotes y dos seminaristas fueron trasladados a la prisión de El Chipote. En El Chipote estuvieron recluidos los 222 presos políticos liberados en febrero de 2023. En abril de 2022, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, abandonó el país. El Papa pidió que regresara al Vaticano justo a tiempo, ya que Báez había sido objeto de varias amenazas de muerte y ya había sido atacado por partidarios del gobierno en 2018.
El año pasado, el Nuncio Apostólico, Waldemar Sonnentag, también fue expulsado, y en marzo de 2023, Marcel Diouf, Secretario de la Nunciatura, tuvo que abandonar Nicaragua. Daniel Ortega había decidido simplemente romper todas las relaciones con el Vaticano, porque el Papa Francisco había calificado al régimen de "dictadura grosera".
Los representantes de la Iglesia, al igual que otros opositores, expresaron críticas al proceder sandinista. El obispo Álvarez exigió la liberación de los presos políticos y una reforma electoral, lo que disgustó al régimen. Se impusieron sentencias de prisión en juicios simulados. En el caso del obispo Álvarez, la condena es de 26 años de prisión. Los delitos se inventan en cada nuevo juicio, y el gobierno, que actúa abiertamente de manera dictatorial, continúa violando impunemente los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho.
Por "razones de seguridad", Ortega prohibió las procesiones de Semana Santa, lo que claramente viola la libertad religiosa. La prohibición fue un intento de silenciar las últimas voces de la oposición. Desde el punto de vista del gobierno, la prohibición de las procesiones debía mostrar el poder del régimen. Sin embargo, contra todo pronóstico, se llevaron a cabo procesiones en pequeñas localidades, un símbolo de la voluntad del pueblo de no dejarse oprimir por el régimen, incluso si esto implicaba una persecución policial.
Cierre de universidades
Recientemente, se cerró la Universidad Centroamericana, dirigida por los jesuitas. Los edificios y las cuentas bancarias de la institución educativa fueron confiscados por el Estado nicaragüense. La razón alegada por el régimen para este enérgico accionar es que la universidad había funcionado como un centro terrorista donde se organizaban grupos criminales, una acusación totalmente infundada.
La Universidad Centroamericana era considerada el último bastión del pensamiento libre, después de que el régimen cerrara 27 universidades. Desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, este paso es un signo de autoritarismo en aumento contra cualquier institución independiente, aunque el cierre de la universidad no puede sofocar la libertad de pensamiento.
La que se observa en Nicaragua, no es la primera persecución de representantes de la iglesia. A lo largo de la historia, la región centroamericana ha sido testigo de diversas muestras de persecución. En 1871, los jesuitas críticos del gobierno fueron expulsados de Guatemala y sus propiedades fueron confiscadas por el Estado. En 1533, Fray Bartolomé de las Casas en México también fue arrestado y condenado por traición debido a su crítica respecto de la actuación de los españoles contra los indígenas. En 1872, los únicos dos jesuitas que vivían en El Salvador fueron expulsados del país, acusados de pensar de manera reaccionaria y antiliberal. Finalmente, en 1989, durante la guerra civil salvadoreña, jesuitas fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
La brutal persecución de la Iglesia católica en Nicaragua, que es prácticamente la última institución independiente en el país y, por lo tanto, un reflejo de una sociedad creyente, viola la libertad religiosa y es motivo de preocupación. Los ciudadanos que viven bajo el yugo totalitario ya no pueden buscar refugio ni siquiera en una institución como la Iglesia. Así, la sociedad civil en un estado autoritario está siendo destruida poco a poco y la dictadura dinástica de la familia Ortega gobierna siguiendo el modelo de Corea del Norte, con arbitrariedad y poder absolutos.
Elisabeth Maigler Kluesserath
Directora de Proyecto para Centroamérica