Presidencia española

Europa sin Mediterráneo

Pocos días antes de que se iniciara la cumbre de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), en Vilna, la llegada incesante de embarcaciones a Lampedusa volvió a desbordar la capacidad de los centros de acogida, donde se concentraban más de 2.000 inmigrantes después de haber sobrevivido al Mediterráneo. Focalizada en la guerra de Ucrania, la Alianza se ha mostrado aparentemente más distante de los problemas del denominado flanco sur. Aunque los dirigentes europeos y americanos son muy conscientes de que la seguridad euro atlántica es cada vez más compleja en un orden internacional como el actual, en proceso de transformación. Donde las amenazas tradicionales se han visto superadas por la política agresiva de Rusia, pero también por la dinámica de competición global entre potencias que se manifiesta en escenarios como el Mediterráneo, abierto en sus aguas y costas tanto al drama humano de la inmigración, como a la rivalidad de intereses y al riesgo de confrontación.  

Sin embargo, entre las prioridades de la presidencia Española del Consejo de ministros de la Unión Europea, el Mediterráneo no aparece como una de ellas. Lo cuál ya resultaría chocante si fuera cualquier otro país el que asumiera la presidencia rotatoria de seis meses. Pero lo es aún más tratándose de España, país que históricamente ha impulsado las políticas sobre el Mediterráneo desde la segunda presidencia española en 1995, en donde se elabora la Declaración de Barcelona y la puesta en marcha de la Asociación Euro Mediterránea. Y siendo nuestro país un actor estratégico en temas tan relevantes en la región como son la seguridad, la vigilancia de fronteras, el comercio, la reconfiguración energética, la promoción de la interculturalidad o la mediación diplomática.

Entre las cuatro prioridades establecidas para la Presidencia, además de la prolongación del apoyo a Ucrania, destaca en primer lugar la reindustrialización de la Unión Europea para garantizar su autonomía estratégica. Para lo cuál se propone una política de diversificación de relaciones comerciales y reforzamiento de las cadenas de suministro, cuestión de especial relevancia tras acontecimientos como la pandemia o las crisis económicas y sectoriales. En ese sentido, se prevé otorgar una importancia notable a la Cumbre UE – CELAC, y con ello focalizar uno de los objetivos del semestre en la región iberoamericana en su conjunto. Lo cual entronca de manera clara con uno de los paradigmas históricos de la política exterior española, como es el de servir de enlace o puente entre Europa y América. Y refuerza al mismo tiempo una relación trasatlántica cuyo futuro debe concebirse en torno a un espacio Atlántico más integrado, seguro y dinámico.

No obstante, desde el punto de vista geopolítico tanto español como de la propia Unión, un espacio atlántico de esas características requiere otro espacio mediterráneo receptivo y habilitado para la creciente dinámica comercial y estabilizado en sus costas. Por lo que resulta un tanto sorprendente que en esta ecuación europea y americana no aparezca la variable mediterránea.

En cualquier caso, la idea fundamental de las prioridades del Gobierno español es la de afrontar la transformación que la era de competición post globalización conlleva. Y así al refuerzo de las cadenas de suministro, se une la idea de reforzar la unidad europea a través de la profundización del mercado interior con la mejora de los instrumentos comunes como son los fondos Next Generation EU. Así como la tercera prioridad, orientada hacia el avance en la transición ecológica y la adaptación medioambiental. En este caso, dando protagonismo a la reforma del mercado eléctrico y al despliegue de las energías renovables.

Ambos objetivos están ligados, igualmente, a los países mediterráneos de la UE y, por tanto, puede considerarse que su implementación tendrá consecuencias favorables a su vez en el conjunto de la región mediterránea. Pero, no debe olvidarse que por ejemplo en la cuestión energética, el Mediterráneo es un área de especial competitividad. Tanto entre países productores de energías tradicionales, como de sistemas de transporte energético terrestre y marítimo. Cualquier adaptación de estos entornos y sectores pasará específicamente por el Mediterráneo.

Finalmente, entre las prioridades de la presidencia española se propone el impulso de una mayor justicia social y económica, necesaria para afrontar unos cambios transformativos de gran magnitud. Prioridad que deberían desarrollar, dicho sea de paso, la inversión privada, la innovación y la creación de nuevos proyectos. Y que en ningún caso debería confundir el concepto de justicia económica, entendida como equidad e igualdad de oportunidades, con el uso recurrente de la deuda pública o el abuso de los fondos públicos, que han cumplido una labor en tiempos de crisis, pero deben dejar paso a la actividad público - privada en tiempos de transformación.

En el decálogo orientativo previo propuesto desde el think tank Real Instituto Elcano, se incluían al menos tres objetivos políticos que afectaban al Mediterráneo de manera prácticamente explícita: configurar una mirada más amplia hacia la inmigración y el asilo; culminar el proceso de la Brújula Estratégica; y avanzar en la autonomía estratégica integrando nuevas voces del llamado Sur Global. Confirmando con ello la relevancia geopolítica del área y su vinculación con los procesos de transformación en los que estamos envueltos los europeos. El nuevo gobierno deberá reactivar esa vinculación, evidente y enteramente reconocida por los grandes partidos. Pero que, lamentablemente, no ha estado reflejada convenientemente entre las prioridades de la Presidencia.